Archivo: (Del lat. archivum) Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. Real Academia Española ©.
La cuestión del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca ha de encuadrarse en lo que realmente es: un capítulo más en la historia del chantaje del nacionalismo catalán al constitucionalismo español; y más concretamente, un episodio del peaje que el débil Gobierno de Zapatero está pagando al tripartito catalán y a ERC por su apoyo en la investidura del Gobierno. Cualquier otra interpretación supone un total desconocimiento de los ejes por los que transcurre actualmente la vida política nacional.
Ni uno solo de los argumentos esgrimidos por quienes reclaman la devolución a Cataluña de los documentos de la Guerra Civil concernientes a dicha comunidad autónoma se sostienen lo más mínimo, salvo que nos dediquemos a nadar entre las ciénagas y lodazales a los que la vida política ha descendido los últimos meses. Quiérase o no, la mayoría de argumentos planteados por la más que amañada comisión son políticos y niegan la más obvia de las verdades: que los documentos del Archivo de Salamanca pertenecen a España en su conjunto, porque la guerra fue, sencillamente, entre españoles.
Luego está la cuestión de Castilla y León, comunidad autónoma que integra nada más y nada menos que dos viejos reinos españoles y que, por lo visto, no es histórica. Pues bien, la opinión -no vinculante- de la subcomisión jurídica, caso de tenerse en cuenta por las autoridades competentes, representaría un daño irreparable al patrimonio castellanoleonés. Es por ello por lo que nos ha repugnado especialmente que los tres expertos de esta comunidad integrantes de la comisión no hayan tenido la decencia de oponerse al expolio en ciernes, protagonizando una política y, escasamente intelectual, abstención. De nada nos sirven las excusas de Julio Valdeón para justificar la abstención, pues él mismo ha reconocido que debería haber dado un puñetazo sobre la mesa en su momento. Efectivamente, señor Valdeón, pero no lo hizo, y como señala el director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, ni se ha consultado a la Academia, ni ésta ha sido tenida en cuenta por el Gobierno de Zapatero, ya que la fragmentación del archivo ha obedecido estrictamente a negociaciones políticas.
En cuanto a la plana mayor del socialismo castellanoleonés, ni que decir tiene la mezcolanza de ridiculez y patetismo en la que nada. Mal lo tienen: Ángel Villalba, secretario general del PSCyL, y que ha reconocido que "al PSOE de Castilla y León le hubiera gustado otra conclusión", el bejarano, diputado por Salamanca y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de quien existen fotos en manifestaciones defendiendo la unidad del archivo en su etapa de lucha callejera contra el Gobierno Aznar. Y el propio Rodríguez Tancredo Poncio -en esta cuestión más que nunca- Zapatero, como saben todos, leonés por más señas. ¿Cómo van a explicar toda esta gente a sus paisanos este desaguisado? Da la impresión de que, como en Valencia y Murcia, y por su cobarde sumisión al republicano-independentismo, va a haber PP para rato por aquellos pagos.
De entrada, hay que señalar que la composición de la Comisión de Expertos había sido pactada con la Generalitat y -en palabras de Gonzalo Anes- dejaba mucho que desear. Ahí estaban los Malefakis, Mayor Zaragoza, Álvarez Junco, González Quintana, Juan Pablo Fusí, de Riquer, Rigor, Valdeón, García Zarza, González García, Rosa López y Angels Bernal más los tres subcomisión jurídica que ha emitido el informe: el ex ministro socialista Tomás de la Cuadra y los juristas Cruz Villalón y Joseph Cruanyes. Imagínense con estas mimbres, flor y nata de la intelectualidad progresista, la imparcialidad que pudo haber en los análisis. Ni siquiera se molestaron en llamar a un Pío Moa, Ricardo de la Cierva, César Vidal o García de Cortazar para que, aunque quedaran en minoría, se oyera alguna voz discrepante. Quizás juzgaron, y en ese caso lo hicieron bien, que ninguno de ellos se iba a prestar a ser una marioneta de este esperpéntico guiñol maniatado por el PSC y ERC.
En cualquier caso, recalquemos que el dictamen resultante no es vinculante para el Gobierno Zapatero, ya que sólo a jueces y políticos corresponde juzgar el asunto. Asimismo, los criterios técnicos se oponen al principio de la unidad de archivo defendido en numerosas ocasiones por la Unesco. Como ha afirmado el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, archivo significa unidad de documentos en un determinado lugar para que sean estudiados por expertos. Se trata, pues, de facilitar el estudio y la comprensión de los mismos en un lugar común.
Parte de la argumentación jurídica de los partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones demandantes radica en cuestionar la legitimidad de la propia incautación. Ya es un poco chusco que nada menos que setenta años después, se hable de la incautación de la documentación sita en Salamanca. A estas alturas nadie discutirá que los dos bandos en que se enfrentó España en los años treinta eran igualmente totalitarios y que el bando que hubiera ganado la guerra hubiera compuesto un archivo completamente a su medida. La parte demandante alega que hubo apropiación forzada y forzosa de algunos de dichos papeles. Y nosotros, nos preguntamos ¿después de una guerra, dónde no? Cualquier archivo concerniente a una guerra se conforma con documentación obtenida y organizada por el bando vencedor, por lo que los nacionalistas catalanes no tienen la más mínima razón cuando de incautación hablan, salvo que se pretenda crear jurisdicción y destrozar todos y cada uno de los archivos históricos del mundo, analizando la procedencia originaria de la documentación, para poder, así, devolver a sus titulares los originales. Muchísimos archivos y bibliotecas son de procedencia irregular y no se plantean estas cuestiones porque entonces nunca se terminaría la guerra archivística.
Tampoco es válido el aldeano argumento de que en Cataluña han de descansar los papeles de la guerra que a ésta región pertenecen. En este sentido, no puede hablarse ni de invasión de Cataluña, porque no la hubo, ni de espíritu constitucional, porque algunos parecen no querer superar la Guerra Civil. Un signo de reconciliación sería indudablemente cesar en unas reivindicaciones que además de retrotraernos a los años treinta enfrentan a unas regiones contra otras.
Añadamos a ésto algunos razonamientos: El primero, que el principio de la unidad de archivo es cosa tan sumamente obvia y racional que, de no existir este principio, casi todos los archivos dejarían de existir. El segundo, que la partición de los archivos no puede llegar a tal punto de degeneración que Cataluña se convierta en una especie de principado con más derechos que el resto de las regiones españolas. En este sentido, ¿habría que fragmentar el Archivo de la Guerra Civil en diecisiete archivitos para que todas y cada unas de nuestras comunidades puedan disfrutar de los mismos privilegios que Cataluña? Porque lo que no vale es, como se afirma ahora, que esto sólo es válido para el caso de Cataluña. En este sentido, las autoridades del País Vasco y Valencia ya han dejado claro que, o todos o nadie. El tercero, que la partición de los archivos no tendría final. Puestos a recuperar documentos, ¿debería la Generalitat llevar a cada provincia los archivos de cada una de las cuatro que componen Cataluña?; ¿y las provincias, a su vez, subdividir en comarcas la documentación para que, éstas las fueran repartiendo por los pueblos y ciudades de aquella hermosa región? Todo el mundo exigiría su parte de los archivos. El cuarto, que, quienes reclaman la documentación, no han declarado en absoluto su disposición a repartir -devolver, según su propia terminología- los documentos de otras regiones -como las de Aragón, por ejemplo- que están en Barcelona. El quinto, varios museos catalanes albergan cientos de piezas del patrimonio histórico de Castilla y León, ¿está dispuesta la Generalitat a ser coherente y devolver las piezas robadas e incautadas que no son de Cataluña?
En una cosa -un lapsus, indudablemente- acierta, en cambio, el informe jurídico de los expertos cuando afirma que la función del Estado es la de servir con objetividad los intereses generales, cosa que el propio informe se encarga de obstaculizar y destruir desde la primera hasta la última página, sirviendo única y exclusivamente a los intereses de la generalitat de Cataluña, cuyos fondos documentales relativos a la Guerra Civil están muy bien donde están, en Salamanca. ¿Qué extraño don tiene la Generalitat de Cataluña que no posean otros organismos sociales, políticos y sindicales? El informe jurídico señala que la Generalitat era una institución reconocida bajo la Constitución de la Segunda República: ¿de cuál de estas dos Generalitats está hablando: la que se sublevó en octubre de 1934 contra la misma República a la que se agarra ahora para recuperar los papeles, o la frentepopulista -1936-1939- que tenía suspendida todas las garantías judiciales, incluida la libertad de pensamiento, expresión, asociación, propiedad, comercio, empresa, banca, etc?
Ultima Ratio: Suele afirmarse con inmensa razón que lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Viene esto a colación de una manera curiosa de actuar que tiene el nacionalismo catalán. Cuando al F. C. Barcelona le sanciona la Federación Española de Fútbol, el Barça se niega a cumplir con los partidos de suspensión reglamentaria. Cuando el la Curia Romana exige la devolución de fondos y obras de arte pertenecientes a varios pueblos de la diócesis de Barbastro y apropiados indebidamente por la de Urgell, los curas catalanistas se niegan a obedecer a Juan Pablo II. Si el nacionalismo catalán está por encima de las federaciones deportivas, de Roma, y de quien les parece, ¿no ha de estar el pueblo salamantino y la unidad de todo un archivo de la Guerra Civil por encima de un capricho la Generalitat? Como afirma con las siguientes palabras: el alcalde de Salamanca va a apelar al impedimento físico para que los papeles no sean extraídos del archivo: El derecho a la resistencia es un derecho acreditado en la ciencia jurídica moderna. Pues naturalmente que sí, señor Lanzarote.
Vivimos en un país viciado por un cáncer que parece extenderse inexorablemente: el federalismo asimétrico. Por su parte, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Tancredo Poncio Zapatero, parece pasar olímpicamente de las cuestiones que afectan al ser y a la unidad de su -de momento y, lo quiera o no- nación. Si, actuando como una especie de primum inter pares, Maragaletxe le quiere imponer decisiones vergonzosas a él y al Gobierno, éste será ya su problema, que no el de los demás; pero por favor, que no las traslade al resto de la sociedad, porque entonces, tendrá enfrente a quienes defendamos la justicia y la libertad allá donde fuera necesario. El primer principio del liberalismo es la defensa de la libertad en su sentido más amplio. Por ella, y para evitar el sojuzgamiento de los españoles por una minoría regional, bregaremos.
Autor: Smith
Artículo publicado el 28 de diciembre de 2004
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